En la década de los años 1980 y comienzos de los 1990, el magisterio colombiano, inspirado en el Movimiento Pedagógico, en las luchas históricas contra las políticas oficiales del momento y apoyado por grandes movilizaciones, logró la expedición de la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación) y de la Ley 60 de 1993, que generaron, en materia de educación, condiciones integrales para su administración, desarrollo pedagógico y finaliación.
La Ley General de Educación introdujo una profunda reforma educativa que otorgó la autonomía escolar e introdujo los PEI y el Gobierno Escolar, instancias que permitieron la discusión pedagógica y le dieron dinámica y movilidad a las Instituciones educativas del país. En este contexto fue posible crear y dinamizar unas condiciones para el ejercicio de la autonomía escolar en aspectos como la definición de fines y objetivos para el proceso educativo, el establecimiento de mecanismos de participación de la comunidad educativa, la oportunidad de elaborar colectivamente el manual de convivencia; principalmente, se otorgó la facultad para que las instituciones educativas formularan desde su realidad los currículos y planes de estudio con sus contenidos, metodologías y procesos evaluativos.
Con estas disposiciones se introdujo un vuelco a la evaluación y promoción de la educación básica y media. En este sentido se le asignó a la evaluación el carácter de proceso y estableció que los informes sean cualitativos para mejor comprensión de los estudiantes y padres de familia. Además, se crearon las comisiones de evaluación y promoción. La autonomía escolar y las opciones que se abrieron, representaron una valoración distinta del papel del maestro, más cercana a lo que el Movimiento Pedagógico plantea, pues los marcos normativos creados para el ejercicio de la autonomía escolar, constituían un espacio de reconocimiento al educador como sujeto de saber pedagógico.
Como es bien sabido, antes de cristalizar el desarrollo y generalización de la autonomía escolar, la contrarreforma educativa puso en marcha políticas estatales que impiden su consolidación. Hacia finales de los años noventa y como resultado de las imposiciones del Fondo Monetario Internacional y los organismos multilaterales de crédito, en atención a las políticas neoliberales impulsadas desde los Estados Unidos, se produjo el Acto Legislativo 01 de 2001 que se desarrolló a través de la Ley 715 de 2001, el cual, a su vez se reglamentó con Decretos como: el 230 de 2002, 3020 de 2002, 1850 de 2002 y 1278 de 2002, entre otros, los cuales han causado daños enormes a la educación pública.
En el año 2002 el gobierno nacional expidió de manera unilateral el Decreto 230 que cambió las condiciones de la evaluación y promoción de los estudiantes y atenta en razón de su vigencia, y de manera explícita contra la autonomía curricular. Este decreto introduce la noción de los estándares curriculares básicos y de las competencias. De otra parte, al establecer un umbral para la reprobación, flexibiliza la promoción hasta el punto de convertirla en automática, provocando con esto la desmotivación por el estudio, el facilismo y el desinterés de los estudiantes y por ende un notable descenso en la calidad de la educación. Por lo anterior, los Planes de Estudio en aspectos como la metodología y contenidos se elaboran a partir de los referentes estandarizados y homogéneos emitidos por las diferentes instancias del Ministerio de Educación y a través de los modelos de competencias y de las pruebas o evaluaciones masivas (exámenes de estado y pruebas SABER), en los que predominan los criterios de racionalización en todos los niveles.
Pervive allí la racionalización de un enorme recorte presupuestal para la educación resultado de la imposición del ajuste fiscal que adscribe el criterio de asignación de recursos por población atendida, llevando a la educación por el camino de la oferta y la demanda, convirtiéndola en una mercancía y dejando a las instituciones en la pobreza absoluta, situación que afecta de igual manera los recortes de las plantas docentes y administrativas de los colegios. Acciones que en conjunto terminan por despojar al maestro y a la institución educativa de las condiciones para el ejercicio de la autonomía escolar.
En este contexto de preocupación por el futuro de la educación pública del país se llevó a cabo en Bogotá el seminario nacional Educación de Calidad, evaluación y autonomía escolar, durante los días 17 y 18 de octubre de 2008 con una amplia participación de los CEID regionales y otros entes que han analizado estos aspectos.
La conclusión más importante de dicho Seminario se relaciona con la defensa y el fortalecimiento de la “Autonomía Escolar”. La gran mayoría de planteamientos, aportes y debates de este escenario alternativo liderado por FECODE y el CEID, coincidió en rechazar el Decreto 230 de 2002, la promoción automática, sus negativas consecuencias en educación, la política evaluativa en versión neoliberal, la perspectiva monolítica de calidad que tiene el Ministerio de Educación y todos esos factores de la política educativa que en conjunto suman en el deterioro de las condiciones del sistema educativo. Pero ese rechazo generalizado estuvo acompañado de acciones afirmativas encaminadas a reivindicar la autonomía escolar como un horizonte posible de trabajo político-pedagógico capaz de disputar al régimen de las políticas educativas neoliberales, sus pretensiones hegemónicas de control y estandarización de los contenidos de la educación, de instrumentalización y masificación de la evaluación y de desprofesionalización docente.
La dinámica del debate y la participación acordó puntualizar que la reivindicación de la autonomía escolar representa una necesidad en la búsqueda de planteamientos y acciones encauzadas a la concreción de un Proyecto Educativo y Pedagógico Alternativo en el terreno de la polémica y la confrontación con el modelo educativo neoliberal y sus desastrosas consecuencias en el sistema educativo colombiano. Sin bien, la autonomía escolar ya esta definida normativamente en el artículo 77 de la Ley 115 de 1194; el reto actual para el Movimiento Pedagógico consiste en ampliar el significado de lo plasmado en la norma y avanzar en la praxis, lo que indica que más allá de su existencia normativa, lo que hace que la autonomía escolar verdaderamente exista en la práctica es su ejercicio efectivo, es decir, que no es suficiente que la autonomía escolar se decrete, es preciso que se ejerza como praxis ética, política y pedagógica.
Si bien, normativamente es necesario un marco jurídico que establezca unas condiciones de posibilidad para su ejercicio, el desarrollo de la autonomía escolar implica desencadenar cursos de saber y acción que desplieguen visiones y procesos que la consoliden. De modo que la autonomía escolar exige por un lado que se definan sus sentidos, significados y contenidos, vale decir su conceptualización; y por otro, situar esa conceptualización en el terreno de la acción, de la praxis,
donde la acción no es puro movimiento; son el conocimiento y teoría las bases fundamentales para definir el curso de la acción.
Pero hacer esas definiciones implica deslindar el concepto autonomía escolar, de usos indiscriminados, ilusorios y aparentes del termino autonomía institucional, utilizado frecuentemente en el ámbito del discurso educativo neoliberal, con el propósito de legitimar políticas que buscan descentralizar económicamente a las instituciones educativas hacia su autofinanciamiento, esto es el camino para la privatización. Lanzar las instituciones a conseguir recursos para su autofinanciamiento es impedirles el ejercicio de la autonomía escolar.
Autonomía escolar en el ámbito de la educación pública, exige que la financiación sea estatal, que las instituciones educativas no tengan que preocuparse por conseguir recursos económicos, sino que se preocupen por la tarea académica, cultural y social de lo que significa educar.
La autonomía escolar requiere ser matizada y categorizada. La autonomía escolar representa un ejercicio académico e intelectual asociado profundamente al direccionamiento que la comunidad educativa le da a su PEI, con la elaboración del currículo y con la participación democrática en el gobierno escolar. La autonomía escolar no es individual, ni es aislamiento, es poner en juego las dinámicas colectivas para regularse y constituir en conjunto los rumbos académicos y de vida a que aspiran las comunidades educativas y sus instituciones. La autonomía escolar se ejerce en la medida en que los integrantes de la comunidad educativa actúan en dinámicas colectivas y participativas y, de la mano del conocimiento definen el sentido de su quehacer escolar. De ahí, su importancia estratégica para el Movimiento Pedagógico y la lucha por la defensa de la educación publica.
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