Defensa del Régimen Pensional

La Comisión Accidental de Pensiones que busca aclarar la vigencia del Régimen Pensional del magisterio colombiano después del 31 de julio de 2010, trabaja en dar claridad al concepto dado por el Consejo de Estado.

Yesid Quiroga, Periodista Encuentro

Tanto en el debate de control político que le hizo el senador Luis Carlos Avellaneda a la Ministra de Educación el año anterior, como en las tres reuniones de la Comisión Accidental que está integrada por FECODE, Congreso y Gobierno, la senadora Gloria Inés Ramírez y el senador Avellaneda le han explicado al gobierno que el concepto dado por el Consejo de Estado donde afirma que el Régimen Pensional Especial de los educadores caduca el 31 de julio de 2010 está errado, porque generaliza y no tiene en cuenta que el Acto Legislativo 01 de 2005 le garantiza el derecho a los educadores vinculados hasta el 27 de junio de 2003, fecha en la cual se determinó que los vinculados de ahí en adelante si entrarían a Régimen General.

La senadora Gloria Inés Ramírez comenta que primero se debe escuchar la posición del Ministerio de Educación, conocer la voluntad política que tiene para dar salidas a esta problemática del magisterio y sobre todo aclarar si va aplicar o no el concepto del Consejo de Estado, que como es de conocimiento no es vinculante.Para la senadora es claro que si el gobierno aplica el concepto va a tener como respuesta una verdadera hecatombe judicial.

Gloria Inés Ramírez, comenta que es muy importante aclarar que en la actual coyuntura política y económica del país no es tan sencillo una decisión en este sentido, porque el Ministerio de Educación también tiene que pensar en las múltiples demandas que le vendrían, y de otra parte, deberá definir de donde sacaría los recursos para pagarle a todos los docentes que serías desvinculados.

Se espera que al escuchar los ponentes del Acto Legislativo el gobierno entienda que debe descartar el concepto, y garantizarle su pensión especial a quienes tenían el derecho adquirido antes de entrar en vigencia la Ley 812. Pero si el Ejecutivo persiste en aplicarlo se deberán definir otros caminos para defender una jubilación más digna para 180.000 educadores.